El actual gobierno tomó la demanda y la convirtió en uno de los principales desafíos a lograr en los próximos cuatro años. “Queremos gratuidad para todos y de calidad”, ha sido una de las citas más repetidas por la actual Presidenta, quien pretende llevar el beneficio hasta el 70% más vulnerable de la población.

¿Pero cómo lograr la gratuidad?, ¿es posible?, ¿el Estado cuenta con los recursos?, son parte de las interrogantes que  inquietan a los expertos. A cinco días de asumir, la fórmula de cómo llegar a ella no está clara. Aquí algunas ideas.

1.- ¿Es posible la gratuidad en educación superior?

“La educación superior debe ser un derecho social efectivo. Se establecerán garantías explícitas para los ciudadanos en materia de educación superior, tanto de acceso como de calidad y financiamiento”, señala el programa de la Presidenta Michelle Bachelet. La planificación añade que en educación terciaria, “los jóvenes enfrentan dificultades, como lo es “la existencia de barreras de financiamiento”, por lo cual se avanzará en gratuidad.

Al respecto, Felipe Salazar, economista de la U. Diego Portales, indica que la gratuidad en educación superior “técnicamente sí es posible. La solución más simple es que las instituciones mantengan su actual estructura de propiedad, pero cobrándole al Estado y no a sus estudiantes”.

Agrega que, en otro extremo, el Estado podría ser proveedor de recursos a través de la expropiación de planteles privados.

2.- ¿En qué tipo de planteles partirá la gratuidad ?

Una de las condiciones que deberán cumplir las instituciones para acceder a la gratuidad es acatar el sistema de aranceles que fijará el Ministerio de Educación. Sin embargo, una de las preguntas que surge es si la gratuidad comenzará a regir al mismo tiempo en todos los planteles o bien, se comenzará por algunos específicos.

El rector de la U. de Valparaíso y líder de las Ues. estatales (Cuech), Aldo Valle, señala que este plan “debería iniciarse por las universidades públicas”.

Previo a esto, el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, señaló en entrevista con La Tercera que la gratuidad debería partir en los planteles técnicos y luego, en universidades regionales. En tanto, el experto de la U. Diego Portales, José Joaquín Brunner, señala que “debiera iniciarse por los alumnos con necesidades y mérito y no por tipo de instituciones”.

3.- ¿Cómo se dará: a través de becas o aportes basales?

Otra de las interrogantes que plantean los actores educativos es si la gratuidad será por medio de becas o bien, a través de aportes a universidades, que suplirían el valor de los aranceles que pagan los estudiantes.

La presidenta de la Feuc, Naschla Aburman, señala que “creemos que es sustancial que no sea en base a becas, sino que sea un financiamiento a las instituciones”, punto que es secundado por el investigador de Educación 2020, Carlos Figueroa.

Sin embargo, el experto de la UDP, José Joaquín Brunner, tiene una opinión distinta y dice que la implementación “debiera ser vía becas de arancel y con complemento de becas de subsistencia para los más vulnerables”.

El programa indica que la gratuidad llegará a, “al menos, los y las estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable”.

4.- ¿Cómo se repartirán los recursos de la reforma tributaria?

Para llevar a cabo la reforma en educación, la Presidenta Bachelet ha señalado que es necesaria una reforma tributaria.

En ese sentido, una de las interrogantes que surgen es “¿cómo va a ser la distribución de esos fondos?”, dice Hernán Larraín Matte, director ejecutivo de Horizontal, ligado a la centroderecha. Y agrega que “cuánto de eso va a ir a educación preescolar, escolar y superior. Porque también va a financiar otros programas sociales”.

La respuesta para Brunner  sería enfocarse más en las otras etapas de la educación y luego en la terciaria. ¿Cómo?, “mediante becas de arancel para el 70% de menores recursos y créditos para los demás”, dice. El rector Aldo Valle señala que la distribución debiera ser “de modo tal que la educación, en todos sus niveles, constituya efectivamente un derecho social, terminando con la mercadización”.

5.- ¿Podrán acceder los técnicos a la gratuidad?

Desde que se anunció que se avanzaría en gratuidad, uno de los primeros sectores en que se pensó para empezar fueron los planteles técnicos, ya que albergan el 42% de la matrícula.

Para el experto en educación José Joaquín Bru-nner, “se debe resguardar que cualquier cambio en los técnicos vaya de la mano de un plan de ayuda”. Esto, considerando que la mayoría de los alumnos inscritos en centros de formación técnica e institutos profesionales son vulnerables.

En el programa de Bachelet, en tanto, pretenden reforzar la calidad de las instituciones técnicas. Según el documento, existen “serias dificultades en el control de la calidad de las instituciones de educación superior, cuestión que se ve agudizada por la baja fiscalización”.

6.- ¿Será para los alumnos nuevos o para todos los del sistema?

De haber gratuidad, otra de las preguntas que surgen es por dónde se comenzará: ¿sólo alumnos de primer año? “No se puede distinguir entre alumnos nuevos y alumnos de cursos superiores, porque ello representaría una discriminación”, dice el rector Aldo Valle.

Una opinión similar tiene José Joaquín Brunner: “Debiera ser para todos los alumnos, puesto que un porcentaje importante ya tiene gratuidad o semi gratuidad”. El académico de la UDP se refiere al Crédito con Aval del Estado (CAE), que tiene una tasa de interés del 2% y su cobro es contingente al ingreso.

El programa de gobierno de Bachelet, en tanto, señala que “avanzaremos a la gratuidad universal en educación superior y, al mismo tiempo, estudiaremos mecanismos para establecer un trato equitativo a los estudiantes endeudados y con mayores necesidades”.

7.- ¿Se pedirán estándares de calidad mínimos?

El programa de gobierno de Michelle Bachelet establece que la “gratuidad podrá ser ejercida en toda institución de educación superior que cumpla, entre otros aspectos, con estar acreditada”. En esta línea, Carlos Figueroa, de Educación 2020, señala que es importante “ver cómo poder avanzar en una acreditación institucional obligatoria, para todas las carreras y no solamente en Medicina y Pedagogía”, como ocurre hoy. “Al hacer la acreditación obligatoria para programa e instituciones, el proceso debiese ser financiado por el Estado”, explica Figueroa. Para José Joaquín Brunner, en tanto,  la certificación es lo mínimo que deben cumplir las instituciones para acceder a cualquier beneficio: “Las  no acreditadas desde ya son inelegibles para obtener recursos del Estado. De modo que no habría un cambio en esto”.

8.- ¿Se mantendrá el mismo sistema de ingreso a las Ues.? 

Actualmente, para ingresar a los planteles de educación superior y para acceder a becas y créditos, los alumnos deben rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

Este mecanismo, para el experto José Joaquín Brunner debe mantenerse. “No conviene alterar las reglas de admisión y selección, mientras se sigue revisando y corrigiendo la PSU”, dice.

Asimismo, agregó que “hay que evitar que vuelva a crecer la incertidumbre que rodea al test”, a propósito de la situación generada por el aumento en el ranking de notas.

El problema es que la obtención de buen puntaje en la PSU depende directamente del nivel socioeconómico. “El riesgo es que nos convirtamos en Brasil, donde sólo la elite accede a los buenos planteles gratuitos, como en la U. de Sao Paulo”, explica el economista de la UC Ricardo Paredes.

9.- ¿Las instituciones no gratuitas recibirán recursos del Estado?

Según el programa de gobierno, las universidades privadas podrán unirse a la política siempre y cuando cumplan con los estándares y adquieran un convenio de desempeño, considerando que el pago de aranceles estará a cargo del Estado y no del alumno.

Para el rector Aldo Valle, el beneficio debe extenderse sólo si aportan a la sociedad. “Para la docencia no, pero si aportan al desarrollo y creación de otros bienes públicos accederán a recursos, en la medida que acrediten las capacidades respectivas, por ejemplo, en materia de investigación e innovación”.

El primer filtro que deberán tener estas instituciones será cumplir con la normativa jurídica. Es decir, no lucrar y contar con la acreditación institucional, que hoy es obligatoria para acceder a beneficios del Estado. De modo que no habría un cambio en esto.

10.- La gratuidad en los colegios: financiamiento compartido 

A pesar de que en la educación básica existe la gratuidad en los colegios municipales y en un grupo importante de establecimientos particulares subvencionados, el nuevo gobierno anunció que avanzará -también- en aquellos recintos subvencionados con financiamiento compartido. Es decir, donde los padres cancelan un copago mensual. La apuesta de la actual administración es eliminar gradualmente dicho sistema mixto, que hace que los colegios reciban dinero estatal vía subvención y por mensualidad de parte de las familias. ¿Cómo se realizará esto? La idea es ir aumentando los aportes estatales a esos establecimientos, de tal forma que esos colegios sean gratis para los papás.

Al respecto, Lily Ariztía, gerenta general de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), señala que “estaríamos felices si es que el Estado nos pudiera dar los dineros para proporcionar una educación de calidad, como  la que proporcionamos”. Y agrega que “no se puede tomar una medida de un día para otro y que los niños dejen de pagar, porque nos obligaría a terminar con actividades extraprogramáticas y ahí se benefician los alumnos”.

Otra interrogante que surge respecto de los establecimientos gratuitos es qué pasará una vez que se ponga en marcha la desmunicipalización. El alcalde Gonzalo Navarrete, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, se pregunta qué pasara con la deuda que sostienen con distintos