Columna de opinión sobre el affaire Universidad Tecnológica Metroplolitana (UTEM) – crimanlística publicada en el diario La Tercera, viernes 28 diciembre 2007.
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Chile: La UTEM y el asunto de la oferta de vacantes en el área de estudios de criminalística (Reflexiones, comentarios y registro de la prensa día a día)

La no-acreditación, por segunda vez, de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) responde a dos tipos de consideraciones.
Por un lado, debilidades de gestión institucional en los ámbitos del planeamiento estratégico, perfeccionamiento y evaluación de los académicos, satisfacción estudiantil respecto del equipamiento y bibliotecas, contratación externa de servicios que debieran ser provistos por la universidad, y fallas en su autorregulación interna.
Por otro lado, insuficiencias en la administración docente, relacionadas con el ingreso de nuevos alumnos, seguimiento de su progreso durante la carrera y con la creación de sedes y programas.
De modo que la oferta masiva de vacantes en el área de la criminalística –“al margen de consideraciones sobre la empleabilidad de los graduados”, según señala el dictamen de la Comisión Nacional de Acreditación– constituye apenas una expresión, sin duda dramática, de los problemas que enfrenta la UTEM.
En efecto, resulta incomprensible ofrecer vacantes en cualquier área profesional sin atender a las oportunidades de empleo para los egresados. Particularmente en carreras que forman personal para mercados regulados, como son los del área de la criminalística, la policía y la seguridad ciudadana.
Llama la atención, además, que estos alumnos hayan estado matriculados no en la UTEM sino en una sociedad comercial contratada por esta efecto. Según ha anunciado su rector, la UTEM procederá finalmente a cerrar el ingreso de nuevos alumnos al área de criminalística y pondrá término al contrato con la sociedad que los matriculaba. ¿Fin de los problemas reseñados? Para nada. Ellos dejan una secuela de interrogantes.
Primero, ¿qué hacer con las instituciones no-acreditadas? ¿Pueden ellas seguir adelante normalmente, percibir aportes del Estado, inscribir alumnos y otorgar títulos? La ley no ofrece respuesta; necesita ser enmendada en estos aspectos.
Segundo, ¿cómo entender tal grado de fallas en el gobierno corporativo de una universidad estatal? ¿Cumple el Consejo Superior –máximo organismo colegiado de la UTEM, integrado incluso por representantes directos de la Jefa del Estado– su papel de conducción y supervisión? ¿Cuenta para este efecto con la información necesaria? ¿Actúa él, efectivamente, en representación del Principal (el dueño, el Estado) o se halla capturado por los intereses corporativos del agente (los académicos de mayor jerarquía y los administradores superiores)?
Tercero, ¿es efectivo que también otras universidades estatales han pasado por, o atraviesan actualmente, turbulencias causadas por una débil gestión? ¿Cómo entender que instituciones dotadas de un aporte fiscal anual y otros apoyos excepcionales muestren balances negativos que arriesgan su estabilidad? ¿No se distorsiona así, doblemente, la competencia entre instituciones, forzando al Estado a socorrer a las mismas instituciones que financia?
Cuarto, ¿ha llegado el momento de revisar la forma como se habilita a los profesionales? ¿Qué justifica mantener en manos de las universidades el doble poder de otorgar grados académicos y títulos habilitantes para el ejercicio profesional? ¿Qué propone hacer el Gobierno a este respecto?
En suma, el affaire UTEM-criminalística plantea asuntos de envergadura para el futuro de nuestra educación superior; en particular, sobre el rol de las universidades estatales. Es de esperar que el informe de la Comisión Presidencial formada para tratar estas cuestiones responda a los interrogantes planteados.
José Joaquín Brunner
Profesor Universidad Diego Portales