El dinero que el Ministerio de Economía asigna de forma directa a los proyectos científicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sido ingresado a esa universidad. Pero esta, dada la crítica situación financiera que padece, no ha puesto inmediatamente esos fondos a disposición de los investigadores destinatarios, retrasando tanto los pagos con los que ellos contaban para trabajar que se han visto inmersos en un laberinto de facturas impagadas, proveedores que dejan de suministrarles material de laboratorio, reclamaciones de colegas internacionales, bloqueo en las revistas donde tienen que publicar sus resultados… Esta situación se da en medio de una drástica reducción de los presupuestos de ciencia de los últimos años que, en el caso de los científicos de la UCM, les afecta por partida doble hasta el punto de entorpecer gravemente el desarrollo de sus investigaciones.

Lo denuncia la Plataforma de Investigadores de la UCM. Este estrangulamiento de financiación a la investigación ha provocado “incluso la paralización de proyectos”, señala el colectivo, o el encarecimiento de los mismos al tener que abonar sobrecostes por los retrasos de pago, que han llegado a superar el año. “Estamos afectados por este problema cientos de investigadores de la Complutense”, denuncia un miembro de la Plataforma. El colectivo explica que el agujero financiero que está provocando este atolladero para los científicos en la mayor universidad presencial de España (100.000 alumnos y 6.000 profesores) ronda los 50 millones de euros en la Fundación Complutense, la entidad encargada de gestionar fondos de investigación que obtiene el personal de la UCM. Según la Plataforma, que agrupa a unos 600 investigadores, un tercio del total de profesores de la UCM realiza “investigación activa”, es decir, en programas competitivos.

Fuente: Universidad Complutense de Madrid. / EL PAÍS

El rectorado de la Complutense reconoce el problema y asegura que está haciendo lo posible para remediarlo. “No queremos echar la culpa a los gestores anteriores de la UCM, pero la realidad es la que es: el actual equipo rectoral llegó en junio de 2011 y nos encontramos con una deuda de 50 millones de la UCM con la Fundación; la mayor parte es dinero de investigación”, explicó a EL PAÍS el vicerrector de Investigación, Joaquin Plumet. “Desde que llegamos al rectorado hemos intentado transferir mayor cantidad de fondos a la Fundación para remediar la situación y la demora de pago a proveedores, si en 2012 era superior a un año, ahora es de tres o cuatro meses”.

El problema no aflora en una fecha fija, sino que es producto de una paulatina deriva presupuestaria de la Fundación. Los científicos empezaron a sufrir los efectos cada vez más acuciantes de los retrasos y los impagos, hasta llegar a una situación desesperada.

La Plataforma de Investigadores canaliza una larga y detallada lista de científicos que cuentan las dificultades que sufren. Varios denuncian el aumento de precios (un 15% o 20%) de los suministros. Para otros, la situación es más grave aún porque los proveedores se han negado a servirles el material, dada la deuda acumulada, o no realizan servicios de reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio. Varios profesores se quejan de impagos de facturas de viajes a colaboradores, incluso de instituciones extranjeras, que anticiparon los gastos y que no logran cobrar tras varios meses reclamando el dinero, con la “consiguiente merma del prestigio de la Universidad Complutense”, añade uno de ellos.

Unos profesores se quejan de no haber podido pagar cuotas de inscripción a congresos internacionales. En el animalario de un centro “la mayoría de los proveedores (de guantes, calzas, mascarillas, alcohol, pienso, anestésicos, etcétera) han dejado de servir a la UCM, por lo que parte de ese gasto lo asumimos ahora los investigadores”, denuncia otro. Entre las quejas destaca una sobre “la imposibilidad de usar laboratorios de máxima calidad, por ejemplo para dataciones de precisión, ya que solo aceptan el pago en 60 días”. Se llega a denunciar la “imposibilidad de realizar experimentos con animales”.

Un investigador remite una foto de un abultado archivador de facturas impagadas sobre su mesa. Una imagen vale más que mil palabras. Y otros exponen el problema surgido cuando el retraso en el pago de las tarifas de publicación de las revistas científicas les complica la presentación de sus investigaciones en ellas.

Los científicos que presentan sus proyectos en programas competitivos y son seleccionados por su calidad e interés tras ser evaluados, reciben cada uno una asignación para desarrollarlo (en un plazo de tiempo fijo), y tienen que ir justificando los gastos. El procedimiento habitual es que la institución en la que trabaja el investigador abra para él una línea de gasto.

En el caso de la UCM, la Plataforma achaca los problemas de acceso a la financiación a la estrategia del rectorado, que trabaja con una caja única a la que va a parar todo el dinero que llega a la universidad, independientemente de su origen y destino, y de la que salen todos sus pagos. Pero el dinero de los proyectos de investigación (del Plan Nacional de I+D+i, de programas europeos o de la autonomía) se asigna individualmente. Y los titulares son responsables del uso apropiado del dinero en los plazos establecidos (tres años en el Plan Nacional). Plumet admite que existe una política de caja única y recalca que la investigación es prioritaria, pero por detrás del pago de los sueldos del personal.

La Secretaría de Estado de I+D+i, que gestiona y financia los proyectos del Plan Nacional, afirma que no le consta que esté produciéndose la situación que denuncia la Plataforma de la UCM debido a la caja única, pero recuerda que “el dinero de los proyectos ha de ser justificado pormenorizadamente al término del mismo (con posibles prórrogas argumentadas y justificadas) y, en caso de que no se cumpla, la institución tiene que devolver el dinero no justificado”.

Los científicos de la UCM quieren soluciones ya. El rectorado dice que se están pagando las facturas urgentes de proveedores y Plumet reconoce su “obligación de intentar arreglar este problema”. Pero incide en que, con los profundos recortes de financiación de la Comunidad de Madrid que sufre la Complutense, “la situación no se arregla en un día”.