Históricamente, las universidades han sido un lugar de expresión de diferentes proyectos de sociedad asociados a la función y el valor del conocimiento, su relación con el Estado y el contexto en el que se desarrollan. En esta columna revisaré tres hitos en la historia reciente de las universidades chilenas en los cuales, producto de una alta politización, se expresaron con mayor visibilidad proyectos de universidad y de conocimiento que trascendían los intereses de las elites político-empresariales, los mandatos enfocados primordialmente en la economía, y los intereses exclusivamente académicos. Recorrer estos momentos nos permite analizar críticamente la pobreza y abandono institucional en la cual se encuentran actualmente las universidades y entender los mecanismos a través de los cuales podemos vincularnos con la emergente conciencia democrática basada en los derechos sociales y políticos del pueblo. La propuesta implícita es desarrollar una institucionalidad científica y cultural menos dependiente de los intereses de los países centrales y de las elites dominantes nacionales.

TRES MOMENTOS DE VINCULACIÓN ENTRE CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD [1]

Universidad, Estado y soberanía popular. Inicios del Siglo XX-1925

Desde fines del siglo XIX, la universidad en Chile –y la Universidad de Chile en particular- fue protagonista de una serie de transformaciones en las ideologías que sostenían el conocimiento en las ciencias sociales  y jurídicas, y su influencia en las elites oligárquicas que monopolizaban el poder del Estado. Se comenzó a transitar desde una concepción que concebía al Estado como un agente pasivo en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales y en la construcción de soberanía popular. Las teorías sobre la sociedad aceptaban una superioridad de la elite oligarca en tanto destinataria natural de la formación universitaria, las riquezas y el gobierno del país (Leyton, 2020).

Dichos supuestos comenzaron a cambiar desde inicios del siglo XX, transformando el rol de la universidad y el conocimiento en la sociedad. Por un lado, se introducen una serie de nuevas teorías y asignaturas provenientes de las ciencias sociales tales como sociología, historia y economía social, las cuales intentaban sintonizar con la emergente conciencia de los derechos sociales y políticos y reflejar éstos en el aparato jurídico y estatal (Bastías Saavedra, 2015; Leyton, 2020). Estas transformaciones modificaron la visión de parte de la clase dominante sobre el Estado, dando inicio a una serie de leyes sociales orientadas tanto a mejorar las condiciones de vida del pueblo como a gobernar y apaciguar los conflictos sociales. Dichas leyes contribuyeron al intento de superación de la crisis de la dominación oligárquica que se arrastraba desde las últimas dos décadas del siglo XIX (Salazar, 1992), y a la lenta construcción del Estado social en Chile interrumpido con el golpe de Estado de 1973.

Ya hacia la década de 1920, emergen también proyectos universitarios populares con diferentes ethos ideológicos como la Universidad Popular Lastarria –fundada en 1910 y refundada en 1918- desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y la Universidad León XIII de inspiración Católica fundada por la Federación Chilena del trabajo en 1922. En ellas se impartían clases a obreros y obreras de sociología, psicología, economía, historia, biología y educación cívica, entre otras materias. Dichas experiencias han sido entendidas como actividades de extensión universitaria. Sin embargo, cabe otra lectura. Estos proyectos expresan también una redefinición de la relación entre la universidad, el conocimiento y el ejercicio del poder en la sociedad. En efecto, apuntaban a promover el ejercicio de la soberanía popular a través de la formación de sujetos y líderes de las clases trabajadoras para representar por sí mismos sus intereses en la arena política, demostrando así sus capacidades “para las luchas de la inteligencia” en la esfera del poder (Reyes Jedlicki, 2005; Leyton, 2020).

La reforma universitaria y la redefinición del conocimiento y la investigación en sintonía con las demandas populares. Fines de 1960-1973.

La reforma universitaria se caracterizó por una creciente tensión dentro de las universidades del país a raíz de una mayor demanda por democratización, des-elitización y compromiso de las universidades con las demandas populares. Desde los actores estudiantiles y académicos que movilizaban este proceso, “se entendía que la universidad debía pasar de ser un espacio reproductor de elites, a uno de formación de profesionales comprometidos con los sectores marginados” (Vidal-Pollarolo et al., 2017, p. 37).

En esa línea, se intentó una mayor vinculación entre la universidad y su labor científica e intelectual con la cultura popular, y el desarrollo de la investigación y la enseñanza orientada a la conformación de la conciencia crítica, la emancipación y autonomía del conocimiento respecto de los países centrales como condición básica del desarrollo de la nación (Casali, 2011). Esto se expresó tanto en la expansión del número de estudiantes universitarios –desde 55 mil estudiantes en 1967 a 146 mil aproximadamente en 1973- como en la formación de las ciencias sociales. Respecto a esto último, Alexis Cortés (2020) plantea que la propia dinámica de tensiones y transformaciones del periodo, fueron suelo fértil para el desarrollo de las ciencias sociales. En efecto, se concebía que el conocimiento científico y pensamiento sobre la sociedad necesitaba de la conexión crítica con las problemáticas sociales y sus relaciones de poder, lo que permitía, a su vez, un mayor apoyo e interés de parte del resto de la sociedad (Cortés, 2020).

El Mayo feminista del 2018 y las Asambleas de Investigadorxs desde Octubre del 2019.

Tanto en las movilizaciones feministas al interior de las universidades el 2018 como en las asambleas de investigadores desde Octubre de 2019, se desplegaron diagnósticos que demandaron una mayor conexión entre el conocimiento, la sociedad y la democratización del ejercicio del poder y del saber tanto dentro como fuera del campo académico. Las movilizaciones feministas vincularon sus demandas del fin a la violencia de género y a la educación sexista con la necesidad de un curriculum y pedagogías feministas, la inclusión de la perspectiva de género en la investigación y en las colaboraciones nacionales e internacionales, y con la necesidad de alianzas más estrechas con organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la igualdad de género, y con la sociedad mediante la difusión del conocimiento y perspectiva de género (Consejo de Federación UAH et al., 2018; Troncoso Pérez, Follegati and Stutzin, 2019).

Por su parte, las asambleas de investigadores que tuvieron lugar en el país a partir de la revuelta de Octubre de 2019, plantearon, en general, la necesidad de un modelo de conocimiento más democrático y orientado a superar “las diversas dimensiones que hoy subyugan a nuestro país” (ACIC, 2019a, s/p), generando conocimiento basado en el diálogo con la sociedad civil y abierto a sus necesidades, en donde también dichas organizaciones tuvieran injerencia en las políticas universitarias (Asamblea por la Creación del Conocimiento en Chile, 2019). También denuncian el modelo institucional basado en la competencia, rankings, primacía de papers científicos y la poca autonomía respecto de los intereses económicos, así como la poca relevancia que la mirada economicista predominante le da a las ciencias sociales y las humanidades (ACIC, 2019; Asamblea por la Creación del Conocimiento en Chile, 2019). Denuncian, a su vez, las inequidades en la producción del conocimiento caracterizado por un centralismo en desmedro de las regiones, la precarización de las condiciones de trabajo, las desigualdades de género y el colonialismo, que disminuyen nuestra diversidad epistémica y debilitan “el sentido y la audacia de las investigaciones” (ACIC, 2019b, s/p).

PENSAR NUESTRA ACTUALIDAD A PARTIR DE LA HISTORIA

En momentos donde se intensifica el abandono y desdén institucional que vive la universidad y la investigación en el país, es importante tener en cuenta estas coyunturas históricas en las cuales se abre, desde el mundo académico, la posibilidad de resignificar y reorientar la relación entre las universidades, el conocimiento y la sociedad. En efecto, lo que cruza y une a estos tres momentos es la relevancia del reconocimiento de las relaciones de poder tanto al interior de los espacios académicos, a nivel nacional y global, como en la sociedad en su conjunto. El abordaje de las relaciones de poder y su cuestionamiento desde las universidades y la investigación es una dimensión clave a considerar al pensar y defender la institucionalidad científica y académica ¿Quiénes generan investigación y conocimiento? ¿Hacia dónde se dirige y quién tiene acceso a dicho conocimiento? Y ¿Qué geografías, disciplinas y preguntas se valoran? Son preguntas directamente relacionadas con las relaciones de poder y los intereses que atraviesan la investigación y la sociedad en su conjunto, y tienen efectos sobre la posibilidad de construir de una sociedad democrática e igualitaria.

Quienes reciben apoyo para generar conocimiento hoy en día son más los hombres que las mujeres en Chile. La participación de mujeres en los diferentes instrumentos de CONICYT (hoy ANID) permanece bajo el 40% desde el 2013 y ha sido más baja que en el periodo 2009 – 2012 (CONICYT, 2019). Por su parte, ya casi por 10 años –entre el 2010 y el 2019- la proporción de mujeres que hace estudios de doctorado se mantiene alrededor del 43% versus el 57% de hombres (SIES y MINEDUC, 2019). Pero también se reflejan desigualdades según clase social de los y las académicas. Tanto en el programa de Becas-Chile como al interior de las universidades se expresa la acumulación de desigualdades que se reflejan en la mayor probabilidad de investigadores provenientes de las clases privilegiadas de realizar estudios de postgrados en una universidad de prestigio internacional así como en obtener salarios más altos en las universidades (Perez Mejias, Chiappa and Guzmán-Valenzuela, 2018; Chiappa and Perez Mejias, 2019).

Estos indicadores de desigualdad (dentro de un mosaico de desigualdades que inundan la práctica académica) seguirán reproduciéndose y de manera más intensa en contextos de políticas de austeridad, con recortes en ciencia que bordearían los 58 mil millones de pesos, y con tibias políticas de género y de clase orientadas a disminuir las desigualdades en la investigación y la academia. Estas desigualdades en la construcción del conocimiento repercuten en una falta de diversidad de miradas, perspectivas, preguntas e intereses necesarios para abordar la complejidad de los problemas que hoy enfrentamos, como bien lo plantean las asambleas de investigadores. A su vez, des-elitizar y des-patriarcalizar la academia puede influir en una cercanía y compromiso más explícito de la investigación con las demandas y cultura populares, generando modos de conocimiento y pensamiento en un diálogo abierto con ellas, como se puede ver en las diferentes coyunturas históricas en donde la ciencia y la universidad se abren a la sociedad. Esto permitiría, como se asumió en la década de 1960 y como parece volver a plantearse hoy, una mayor legitimidad y comprensión de parte de la sociedad acerca de la relevancia que tiene el conocimiento no solo para la economía sino que también para la defensa y profundización de nuestra vida democrática y riqueza cultural, hoy en día en peligro.

Las políticas de “apoyo” a la investigación en Chile se encuentran profundamente marcadas por paradigmas economicistas que refuerzan una fuerte competencia por recursos económicos entre las universidades y una valoración de la investigación desarrollada en los países Anglosajones y Europeos por sobre la capacidad de investigación en el país. Por un lado, la competencia por recursos hace que las universidades nunca tengan asegurada su actividad investigativa y que sus académicos y académicas se transformen en agentes económicos y empresariales competitivos. Dicha dinámica se encuentra, a su vez, determinada por la utilización de instrumentos empresariales de medición de la “calidad” del conocimiento[2] como Web of Science (WOS) de la empresa norteamericana Clarivate Analytics y SCOPUS de la empresa Europea Elsevier[3], por parte de la institucionalidad estatal y las propias universidades. Dichos instrumentos determinan tanto las posibilidades de acceso a fondos de investigación como las trayectorias laborales de académicos y académicas, generando una fuerte presión de dirigir nuestras investigaciones hacia las revistas académicas –la mayoría fuera de la órbita latinoamericana- valoradas por dichas empresas. Ahora, el problema no es tanto la “calidad” de dichas revistas –aunque tienen fuertes sesgos idiomáticos y de falta de una cultura global (se citan y se refieren a ellos mismos). El principal problema es que estas empresas tengan la propiedad del conocimiento generado, y que sus mediciones de calidad de la investigación sobre-representan los interés y conocimientos de las regiones y países a los cuales pertenecen, y no logran registrar ni valorar adecuadamente los intereses y la generación de conocimiento y pensamiento académico en el país, reproduciendo “artificialmente” nuestra condición periférica (Ramos, 2014) ¿Cuánto nos aleja este sistema de las demandas populares y deseos de mayor igualdad y democracia en el país? ¿Cómo afecta nuestras posibilidades de generar preguntas de investigación de relevancia local y global a la vez? ¿Cómo nos hace desconocer la relevancia de las teorías, conocimientos y discusiones generadas en el país? Es algo que es urgente discutir, y así parecen mostrarnos estas coyunturas históricas de resignificación de la universidad y el conocimiento en su relación con nuestra sociedad.

Por último, el sistema Becas-Chile –hoy suspendido por la política de austeridad-, si bien ha sido uno de los principales instrumentos que ha fortalecido la capacidad científica e intelectual del país en los últimos 12 años, opera como una especie de subsidio a las universidades y países con mayores recursos económicos e infraestructura, privilegiando, como ha funcionado hasta ahora, el fortalecimiento de esos programas por sobre el fortalecimiento de los programas de postgrado existentes en el país y su capacidad de formación de investigadores e internacionalización. En el periodo 2016-2017, el Estado invirtió aproximadamente 85 mil millones de pesos en Becas de postgrado en el extranjero y 72 mil millones en becas de postgrados nacionales, diferencia que se acrecienta significativamente para las ciencias sociales -37.500 millones en Becas-Chile y 16.400  millones aproximadamente en Becas Nacionales[4].

A partir de una investigación sobre los supuestos culturales de la política de internacionalización en Chile[5], una de las cuestiones que resalta a la vista, y que ha pasado muchas veces inadvertida, ha sido la creencia que ha sustentado esta orientación en la formación de investigadores e internacionalización dependiente (de los países centrales), que nos puede afectar negativamente. Uno de esos supuestos es la falta de capacidad al interior del país para pensar y proyectar el futuro posible que deseamos tener. Y, vinculado a esto, una cultura del país –en la cual también estaría imbuida nuestra cultura académica- supuestamente aislada del resto del mundo. Decía CONICYT el 2014: … “esta política [Becas Chile] se sustenta en la necesidad planteada por el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad [CNIC] de “enriquecer nuestro capital social” incrementando la presencia de Chile en las redes de liderazgo al “conectarnos a los nodos conversacionales del mundo donde principalmente se configura el futuro” (CONICYT, 2014a, p. 17). En efecto, para el CNIC, en esta materia el problema de los Chilenos y Chilenas, incluido investigadores e investigadoras, es nuestra insularidad, nuestro aislamiento del resto del mundo líder en la construcción del futuro (2013, p. 64).

Estos fuertes prejuicios culturales muestran un desdén hacia lo local y nacional por parte de algunas elites vinculadas a las estrategias de competitividad en el país[6], estrategia a la cual ha estado subordinada la política científica y académica. Esto se refuerza cuando empalma con el pensamiento económico dominante, el cual también exhibe fuertes prejuicios que privilegian la inversión en el extranjero por sobre la apuesta por el desarrollo institucional nacional.  Así lo expresa un informe de evaluación del programa de becas de postgrados desarrollado para la DIPRES:

… debido a la escala del país y al tamaño de su población, es imposible considerar que será posible sostener instituciones académicas, empresariales, públicas o ecosistemas de innovación en los que se replique la escala, espectro y calidad de la investigación científica a nivel global. En lo que respecta a su vocación comercial, es eficiente y óptimo para el país conectarse con el mundo, interactuar con él y beneficiarse con el acceso a la escala de una economía y de un sistema científico y técnico global (DIPRES, 2017, p. 12).

Dicho pensamiento dicotómico no solo va en desmedro del fortalecimiento de la institucionalidad científica nacional y desarrollo del país cuando no se toman en cuenta adecuadamente las desiguales relaciones entre los países centrales y el nuestro, como lo planteaban con claridad el movimiento de reforma universitaria de los años 60 y las actuales asambleas de investigadores. Sino que también, se va por la borda la necesaria sinergia entre la formación de investigadores en el extranjero y el fortalecimiento de la institucionalidad científica y académica nacional para que nuestros investigadores –formados en Chile y el extranjero- puedan desplegar sus capacidades de pensar el futuro del país, a través de la formación de nuevos investigadores y la generación de conocimiento y pensamiento.

A MODO DE CIERRE

Con menos de 1000 doctores por millón de habitantes, y un presupuesto escuálido de menos de 0.4% del PIB para las ciencias (en comparación con un presupuesto de casi 2% del PIB en gasto militar)[7], no podemos seguir sustentando el abandono de la política académica y científica en austeridad y pensamiento dicotómico. Es necesario no solo fortalecer los programas de formación de postgrados en el extranjero, sino que además y en conjunto, priorizar toda estrategia al fortalecimiento institucional de nuestros sistemas nacionales de investigación y pensamiento.

No estamos para equivocar las prioridades y seguir sustentando decisiones -con ethos “técnico”- basadas en prejuicios culturales que naturalizan la desigualdad de poder tanto al interior del país como en el concierto internacional, lo que va en desmedro de las necesidades que hoy tenemos de pensar nuestro futuro en alianza con las demandas populares –como bien podemos rescatar de momentos históricos claves en nuestra historia-. Para construir un sistema digno para el país, tenemos que salir del sentido común de la austeridad, del pensamiento economicista ideologizado, de nuestra falta de memoria, y del prejuicio elitista sobre la supuesta incapacidad cultural para pensar y hacer nuestro futuro. Solo de esta manera se podrá intentar construir conocimientos desde y para la sociedad y sus anhelos, y una capacidad de investigación valorada según sus propios contextos y, si bien reducida en escala, de calidad mundial.

NOTAS Y REFERENCIAS