¿Desmunicipalizar para burocratizar?
Noviembre 8, 2015
Columnistas
El Mercurio, Domingo 08 de noviembre de 2015

¿Desmunicipalizar para burocratizar?

El nuevo proyecto que traslada la provisión escolar desde los municipios a un nuevo sistema de administración central es, básicamente, un cambio institucional y no uno que apunte a la efectividad y calidad de los colegios municipales. Además, adolece de varios defectos.

En medio de una ya saturada agenda de política educacional, el Gobierno decidió sumar un proyecto adicional que busca trasladar la provisión escolar desde los municipios a un nuevo sistema de administración central. Agrega así a los asuntos que ocupan al Mineduc -y a ratos lo desbordan- uno que reviste la mayor trascendencia y es de gran complejidad.

En efecto, la educación municipal atiende a cerca de un 40% de la matrícula escolar, especialmente niños y jóvenes de menores ingresos. Sin embargo el atractivo de los colegios municipales ha venido declinando, como consecuencia de un cambio de preferencias de los padres y de las limitaciones del servicio ofrecido.

La pregunta que necesitamos hacernos es si el nuevo proyecto es una reforma de orden administrativo principalmente o un real cambio en la efectividad y calidad de los colegios municipales. Mi respuesta es que se trata, básicamente, de un cambio institucional. Y este adolece de varios defectos.

Para comenzar: el proyecto gubernamental debió rotularse como de reforma del aparato burocrático encargado de proveer educación dentro de nuestro régimen mixto (público y privado). Pues se trata de eso, efectivamente. En lo sustancial, crea una Dirección de Educación Pública, servicio centralizado, dependiente del Mineduc, domiciliado en Santiago y con oficinas regionales. Enseguida, crea más de medio centenar de Servicios Locales (SL) de Educación Pública, servicios funcional y territorialmente descentralizados, con patrimonio propio, los que eventualmente podrán crear oficinas locales en lugares distintos de su sede. Cada uno de estos servicios tendrá un consejo local, órgano consultivo y asesor, representativo de la comunidad escolar y local.

La dirección central coordina y orienta a los SL, promueve su trabajo colaborativo, propone al ministerio una política nacional así como planes y medidas para dichos servicios y suscribe convenios de gestión con sus directores ejecutivos. Asimismo, prestará asistencia técnica a los SL, asignará recursos a estos e intermediará sus relaciones con el ministerio y otros organismos del Estado.

A su turno, los SL proveen el servicio educacional a través de los establecimientos educacionales de su dependencia. Son pues los sostenedores de esos colegios. Desarrollarán la oferta educacional en el territorio que les corresponda, prestarán apoyo técnico-pedagógico y de gestión a los establecimientos, capacitarán al personal de los colegios; establecerán sistemas de seguimiento, información y monitoreo; fomentarán la participación de la comunidad educativa y de las comunidades locales, y determinarán la apertura, fusión o cierre de establecimientos dentro de su esfera de competencia. Cada SL dispondrá, al menos, de unidades internas de apoyo técnico-pedagógico, de planificación y control de gestión, y de administración y finanzas. Como puede verse, descentralización centralizada.

Al fondo del edificio burocrático aparecen los establecimientos educacionales, cuya misión es proporcionar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. Es decir, educar y contribuir así al régimen mixto de provisión que Chile ha desarrollado a lo largo de su historia. Sin duda, estamos ante un cambio institucional-administrativo de envergadura. Transitar desde un sistema descentralizado, donde los colegios tenían una autonomía relativa de gestión dentro del marco municipal a un sistema centralizado donde el ministerio, a través de una dirección nacional y una estructura intermedia de SL, se encargaría de orientar, planificar, evaluar, financiar y controlar a los colegios desmunicipalizados.

Frente a esta propuesta surgen varias preguntas.

Primero, ¿qué justifica una arquitectura burocráticamente tan compleja y por qué sería una respuesta eficaz para el desafío central, esto es, mejorar las oportunidades de aprendizaje de los niños y jóvenes más vulnerables? Convendría probar y corregir antes que adoptar un modelo de papel.

Segundo, ¿no conduce el diseño institucional propuesto, casi inevitablemente, a generar una pesada estructura intermedia de SL, que acumulará poder, personal y atribuciones, generando un nuevo estamento con intereses propios, pero sin una real función de producción educacional?

Tercero, ¿no estamos frente a un diseño burocrático que limita y reduce las dimensiones de liderazgo, profesionalismo y gestión que los colegios necesitan para mejorar su efectividad y el clima de aprendizaje para sus alumnos?

Cuarto, en particular, ¿no existe el riesgo de achatar el rol, las atribuciones y responsabilidades del director de colegio o liceo, dejándolo atrapado en una enmarañada red de controles, demandas, presiones e instructivos que fácilmente pueden paralizarlo?

Quinto, ¿cómo operará la accountabi lity en este diseño? En última instancia, ¿quién responde por la educación que reciben los estudiantes y de sus aprendizajes? ¿Y ante quién? Es tal vez el punto más confuso del proyecto.

En breve, cabe evaluar a fondo no solo el esquema burocrático propuesto, de suyo engorroso, algo asfixiante y costoso, sino además la letra minúscula del proyecto, que refleja el deseo de sobrerreglamentar a los colegios y desconfía, en cambio, de sus capacidades para autogestionarse y, como organizaciones, para aprender.

En suma, se parte de un supuesto equivocado: que la educación municipal podría mejorar por el mero expediente de centralizar su administración y sobreponer a los colegios una gruesa capa burocrática. Este tema es demasiado importante como para fallar.

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