Autonomía y gobierno universitario

Ignacio Sánchez D. , Rector Pontificia Universidad Católica de Chile

Señor Director:

La semana pasada, el Ministerio de Educación presentó de manera oficial el documento de trabajo “Bases para una reforma del sistema nacional de educación superior”, con el objetivo de ser analizado y recibir comentarios en una etapa previa a la redacción de las leyes de la reforma de Educación Superior (ES). El documento esboza de manera general aspectos del marco regulatorio, una propuesta de ingreso común a la ES, el aseguramiento de la calidad, la nueva institucionalidad y las propuestas de financiamiento institucional y estudiantil. Si bien es positivo contar con un documento que refleje una propuesta de reforma al sistema, decepciona que a pesar de que ya ha transcurrido más de un año de gobierno, que se hayan sostenido un número significativo de reuniones con los diferentes actores involucrados en la ES, el documento es muy general, con escasa argumentación, no aborda en profundidad los temas más relevantes y no recoge los aportes que se han realizado. En resumen, solo sigue transcribiendo los lineamientos generales expresados en las primeras presentaciones iniciales del ministerio.

De manera específica quisiera referirme a un punto crucial del documento y es el que se refiere a la autonomía y gobierno universitario. Dentro del marco regulatorio se expresa que el sistema “garantiza la autonomía académica, administrativa y financiera” y que este ejercicio debe estar “orientado al bien común con garantía de la libertad de cátedra de los académicos”. En la participación, reconoce “el derecho de todos los estamentos a participar de la vida institucional”. Estos planteamientos son adecuados y se enmarcan dentro del desarrollo moderno de las instituciones universitarias a nivel internacional. Sin embargo, al plantear el nuevo sistema de financiamiento, en el mismo documento se exigen compromisos a través de la firma de un convenio que asegure “la participación de todos los estamentos en órganos de gobierno con derecho a voz y voto”, lo que se establece como condición para optar a recibir fondos públicos. Esta es una intromisión inaceptable en la autonomía del gobierno universitario, el que debe desarrollar cada institución de manera libre, sobre la base de su misión, declaración de principios, estatutos e ideario institucional.

En una conducción universitaria moderna, es importante destacar la participación estudiantil, la que contribuye a la formación de los estudiantes e incorpora su opinión al desarrollo de la institución. Del mismo modo, la participación del personal administrativo y profesionales es de gran relevancia, mediante instancias específicas y a través de sindicatos organizados, que representan sus intereses y preocupaciones. Sin embargo, si hay instituciones universitarias en nuestro país que consideran adecuado el modelo de gobierno triestamental, es evidente que debieran poder implementarlo. Esto no puede ser una exigencia, ya que altera la autonomía básica de la universidad. Es importante destacar, eso sí, que este modelo no ha demostrado ser, en la experiencia internacional, el mejor camino para lograr una mayor calidad y aporte de las instituciones al desarrollo del país.

La propuesta de financiamiento y gratuidad no puede vulnerar la autonomía universitaria, aspecto clave en el desarrollo de un proyecto de calidad. El gobierno universitario forma parte esencial de la autonomía institucional y requiere respetar la misión, identidad y valores de cada universidad. En este, la participación activa de la comunidad, en las formas y con los márgenes que defina la propia institución, es crucial en la realización del proyecto universitario. La autonomía no se puede transar para poder asegurar el futuro de la universidad al interior de nuestra sociedad.

Ignacio Sánchez D.
Rector Pontificia Universidad Católica de Chile