¿Por qué cerrarán los colegios?

Los suscritos representamos a instituciones sostenedoras de colegios particulares subvencionados que funcionan en sectores vulnerables desde hace más de 50 años. Gracias al cariño y esfuerzo incansable de muchos, nuestras comunidades son referentes nacionales en materia de calidad de educación. Según un listado publicado en la prensa durante la semana, la Escuela N° 74 Francisco Ramírez, de San Ramón, ocupa el primer lugar nacional en la prueba Simce 2013 del país en cuarto básico, promediando lenguaje y matemáticas. Superó a todos los colegios municipales, subvencionados y, también, particulares pagados del país. Por su parte, el Colegio Fernando de Aragón, de Puente Alto, ocupa el segundo lugar nacional entre los colegios subvencionados.

Hacemos presente al Gobierno y a todos los parlamentarios que de aprobarse el proyecto de reforma educacional en los términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados, es completamente cierto que el riesgo de cierre masivo de colegios particulares subvencionados será real y efectivo. ¿Por qué?

1. Porque al restringir taxativamente los ítems educativos que impone, la reforma transforma subrepticiamente a los colegios subvencionados en operadores educativos del Estado, limitando de hecho la libertad creativa de los diversos proyectos educativos. Se desprecia así la elección singularizada de los padres. Tanto es así, que en los últimos días el Ministerio de Educación ha convocado a “jornadas de reflexión” con el propósito de revisar y estandarizar los proyectos educativos.

2. Porque, so pretexto de eliminar la selección, desprecia la instancia de conocimiento inicial entre el colegio y los padres, en cuyo contexto se genera la verdadera decisión acerca de suscribir o no el proyecto educativo. La experiencia indica que la adhesión material y efectiva a un proyecto no funciona por internet.

3. Porque se rechazó la indicación que buscaba garantizar la igualdad de financiamiento para todos los alumnos, sin importar si estudiaban en establecimientos subvencionados o municipales. O sea, crea alumnos clase “A” y clase “B” en materia de financiamiento estatal. Ya actualmente los colegios municipales reciben más recursos estatales que los subvencionados, brecha discriminatoria que seguirá aumentando.

4. Porque el mecanismo forzado de “traspaso de la calidad de sostenedor” (a la fundación que obliga constituir) desconoce el bien intangible asociado a las diversas instituciones educativas, integrado, entre otras cosas, por la trayectoria, confianza, prestigio, respaldo de los padres, equipo humano, y excelencia académica.

5. Porque exige concentrar la propiedad de los inmuebles en la corporación que obliga a constituir. Además de afectar contratos en curso, dicha exigencia fuerza a los dueños de los respectivos inmuebles a desprenderse de bienes propios bajo condiciones que les son inaceptables.

6. Porque al eliminarse completamente la posibilidad de recibir utilidades, muchos establecimientos no podrán hacer frente a las deudas que legítimamente contrajeron para desarrollar sus diversos proyectos.

7. Porque planea reajustar la subvención bajo una unidad inferior a la usada para reajustar el sueldo de los profesores. Ello, evidentemente, implicará un empobrecimiento progresivo de las comunidades escolares.

8. Porque el proyecto y sus impulsores han instalado un clima extraordinariamente hostil en contra de los colegios subvencionados. No es aceptable desarrollar una actividad digna, decente y de evidente utilidad pública bajo un contexto de ostensible animadversión estatal.

¿Qué es lo más grave de todo esto? Que un cierre masivo de colegios sacrificaría el futuro de los alumnos de los muchos buenos colegios subvencionados que no puedan costear un colegio particular privado -como a los que, sin duda, asisten los ideólogos de la reforma- y que no encuentran en la educación municipal una alternativa siquiera cercana a la que hoy poseen, eligieron y quieren.

Si el foco de los señores parlamentarios es efectivamente la calidad de la educación, es extraordinariamente urgente dejar las consignas ideológicas a un lado e introducir responsabilidad y sensatez a la discusión, lo que esperamos ocurra en el Senado.

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Obispo de Temuco y presidente del área educación de la Conferencia Episcopal de Chile: “Si no hay un cambio, es probable que algunas comunidades educativas deban cerrar”

Héctor Vargas Bastidas criticó el manejo político, en la Cámara de Diputados, que derivó en el rechazo a la opción de arriendo de establecimientos para sostenedores.

La Tercera, 23/10/2014 – 02:24

“Viendo la votación de ayer (martes), es difícil pensar que esto se hizo con seriedad. No digo que el trabajo de la Cámara de Diputados no sea serio, porque lo es. Sin embargo, a la luz de todos los comentarios que uno observa, en esta votación de última hora pareciera haber una suerte de ajuste de cuentas. Y no puede ser que la educación chilena sea tratada de esa manera”, sostiene el obispo Héctor Vargas (62), jefe de la Iglesia Católica de la diócesis de Temuco y presidente del área de educación de la Conferencia Episcopal (Cech).

La autoridad religiosa, quien ha sido una de las principales voces del episcopado frente a la reforma educacional que impulsa el gobierno, expresó su desacuerdo con la votación efectuada recientemente en la Cámara, donde se despachó el proyecto que elimina la selección, el copago y el lucro. Con aquel “ajuste de cuentas”, Vargas se refiere a que en aquel trámite legislativo se rechazó penalizar el lucro con cárcel. Situación frente a la cual, a modo de represalia, la bancada estudiantil, más algunos PS, PPD y PR, no entregaron su apoyo al mecanismo que les permitiría a los sostenedores de colegios -muchos de ellos ligados a instituciones católicas- continuar arrendando las sedes de sus establecimientos. Así como quedó la norma, que ya se discute en la Comisión de Educación del Senado, todos tendrían que ser dueños de la infraestructura.

“El porcentaje de colegios de Iglesia que tienen situaciones de arriendo no es tanto, lo que más nos preocupa es el principio detrás de todo esto”, subraya el obispo.

¿En qué sentido?

En que existe un desorden en la forma cómo se ha venido votando, en los criterios para votar, en los cambios a última hora respecto de los temas, en que integrantes de las bancadas del Ejecutivo entran en una situación de conflicto con el propio Ministerio (de Educación). Uno queda desconcertado. Me imagino que forma parte del juego de la política, pero cuesta entender cómo un tema tan delicado, sobre nuestros niños y jóvenes, termina siendo normado en este clima. Lo considero lamentable.

Ustedes habían acercado posturas con el gobierno frente al tema de los arriendos…

En muchos de estos temas, el Mineduc ha trabajado y avanzado escuchando a diferentes sectores, no sólo a la Iglesia Católica.

¿Pero les preocupa?

Este es un problema para todos los colegios particulares-subvencionados, no solamente para los católicos. Y además, tiene dos protagonistas: quien arrienda y el arrendador. Y este último perfectamente puede decir que, a partir de ahora, con las nuevas exigencias que vienen no se sentirá cómodo. Los colegios buscarán la forma de comprar la infraestructura, pero quien arrienda tiene la libertad para no hacerlo más y venderle su propiedad a un condominio, un mall o algo que económicamente produzca mucho más que dedicarlo a un espacio educativo.

El tema será visto por el Senado.

Por supuesto, pero si sigue así,  muy probablemente va a haber colegios que no van a estar en condiciones de comprar ni construir. Es algo muy complejo. Si no hay un cambio en esto, es probable que, efectivamente, una cantidad importante de comunidades educativas deba cerrar. Pero insisto que, en este minuto, el tema realmente relevante para la Iglesia tiene que ver con los principios.

¿Se refiere al fondo de la reforma?

Sí. Me preocupa que durante el año, desde marzo, muchos actores, no sólo de Iglesia, hemos insistido en que es fundamental inyectar al proyecto otros elementos, no sólo económicos, sino de aprendizaje, de currículo, de pedagogía, para mejorar la calidad y la equidad de la educación en Chile. Y después de cinco agotadores meses, nada de eso fue considerado.

Como representante de la Iglesia, ¿se siente decepcionado? 

Es que, al final del camino, nos encontramos con un proyecto muy similar al del inicio. Se ha dado un debate rico en aportes para que la iniciativa realmente sea emblemática, pero la gran mayoría de esos aportes no fue considerada, y nos quedamos con este tema del copago y el fin al lucro. Nos parece bien que sean abordados. Como Iglesia, compartimos una parte importante de esos objetivos, pero los consideramos insuficientes. Por lo tanto, en este punto, sí hay una cuota de decepción.

¿Considera que otros actores le doblaron la mano al gobierno? 

No, no creo que sea una doblada de mano. Lo que nos preocupa fuertemente es que esta gran reforma educacional, de todo el sistema, desde los jardines infantiles hasta la educación superior, aún no la conocemos. Ignoramos de qué tratan los otros proyectos, no vemos lógica ni orgánica en el proceso ni que haya una secuencia lógica que apunte hacia dónde caminará la educación chilena en su conjunto. Por ahora tenemos esta parte, que la consideramos muy insuficiente (…) nos hemos desgastado en temas técnicos, económicos e ideológicos y, además, con una mirada hacia la educación particular-subvencionada que ha sido negativa y muy injusta.

También se eliminó todo tipo de selección, hasta sexto básico. 

Eso nos parece bueno. Todos los niños deben tener las mismas posibilidades. Hay que eliminar al máximo cualquier tipo de discriminación. Nuestra única preocupación es que los padres conozcan el proyecto educativo a la hora de matricular a sus hijos y estén de acuerdo en que el niño sea educado de esa manera y no de otra.

¿Solicitará una reunión con el ministro Eyzaguirre?

Vamos a seguir reuniéndonos y aportando hasta el final, más allá de esta votación. Queda camino y los tiempos están acotados.

¿Qué espera que ocurra en el Senado?

Desde un principio he estado convencido de que los objetivos del Ejecutivo para este proyecto se pueden cumplir perfectamente,  sin la necesidad de una gran cantidad de cosas que se le han agregado al proyecto. Al contrario, se lo debería alivianar.

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Lagos Weber: “Si se puede sumar a la derecha para un acuerdo en educación, bienvenida sea”

El parlamentario asegura que existe una serie de lecciones que dejó el acuerdo con la oposición en torno a la reforma tributaria. “Puedes usar inteligentemente tu mayoría para sumar a la minoría”, afirma.

Waldo Díaz , El Mercurio, 25 de octubre de 2014

Como presidente de la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber (PPD) participó en las negociaciones que terminaron a inicios de julio en un acuerdo con la oposición en torno a la reforma tributaria.

Esta semana, junto con seguir de cerca la votación del proyecto que pone fin al lucro, el copago y la selección en la enseñanza escolar, en la Cámara de Diputados, Lagos Weber abordó en un seminario algunas de las razones por las cuales, a su juicio, colapsó el gobierno de Salvador Allende. “No es posible tratar de modificar estructuralmente un país sin un apoyo mayoritario para hacerlo”, afirmó.

El senador profundiza en esta entrevista en ese concepto.

“Cuando uno impulsa reformas estructurales tiene que hacerlo con la mayoría. Hoy la tenemos en el Congreso, pero la mayoría se puede administrar de distintas formas. Una legítima es apretar el botón Sí o No en una reforma a la hora de votar. Eso es legítimo, para eso lo eligieron. Pero también se puede usar inteligentemente tu mayoría para sumar a la minoría a tus propuestas, como lo hicimos en la reforma tributaria”, señala.

-¿Cómo interpreta la votación dividida de la Nueva Mayoría frente a las indicaciones de cárcel al lucro y el arriendo de colegios en la Cámara de Diputados?
-Mi posición, más allá de los temas puntuales, es que este proyecto de reforma educacional -que es el primero de varios- es trascendental para el futuro de la coalición. No es el elemento determinante, pero la forma en que procesemos la reforma va a ser un elemento muy importante a la hora de determinar el tipo de coalición que vamos a tener. Lo que ocurrió en la Cámara de Diputados no fue bueno para la Nueva Mayoría. Se aprobó lo grueso del proyecto, lo que es muy importante, pero desde el punto de vista de la señal política, no fuimos capaces de consensuar una posición única. En este tema estoy pensando en lo que viene para adelante, y esta reforma es fundamental para la proyección de la coalición. Yo parto de esa base.

-¿Por qué?
-En la reforma educacional está el proyecto actual, pero vienen además el de desmunicipalización, gratuidad de la educación superior y estatuto docente. La forma como procesemos estos proyectos de ley, que tienen un norte claro, va a ser muy importante a la hora de definir si esta coalición tiene capacidad o no para proyectarse en el tiempo. Yo trabajo para eso. Creo en los proyectos colectivos y que hasta ahora hemos hecho un buen trabajo en lo grueso. Pero esto no ha cuajado. Cuando usted me dice que Gutenberg Martínez dice una cosa, que fulano dice otra, claramente no hemos terminado de cuajar esta coalición. Yo no esperaría tampoco que lo hiciéramos en siete meses. Pero no está escrito en piedra que eso vaya a ocurrir todavía.

-¿Qué lecciones le dejó a usted la tramitación de la reforma tributaria?
-A propósito del tema educacional, a esta altura hay proyectos bien emblemáticos que están en el Congreso y de los que uno pudiera sacar lecciones. El tributario me dejó dos cosas. Uno, que había componentes que eran bien maximalistas en la reforma tributaria. Por ejemplo, los impuestos verdes, que era bien ambicioso y al final terminamos con algo más acotado. Una lección es que seamos menos maximalistas, porque si vamos a terminar con algo acotado, partamos por algo más acotado y realista. Y, segundo, el tema del diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos es bien fundamental, y es posible hacerlo sin perder el norte.

-¿Se perdió el norte en la Cámara?
-En el tema educacional, creo que habría sido mejor un vocabulario más positivo. Queremos integración, queremos utilización de los recursos públicos solo en educación. El “no, no, no” y sin al mismo tiempo fortalecer la educación pública… Lo que tengo que generar es un referente que les diga a los papás: hay una alternativa muy buena, que es la educación pública. Entonces, mirado como lección, creo que a veces la forma en que uno se expresa puede generar rechazo en algunas medidas. Este no es un tema de mera forma, hay un tema de fondo acá. Creo que comunicacionalmente tenemos que hacer un mayor esfuerzo.
Y respecto al binominal, la tercera reforma, ¿qué lección me deja a mí? Que es bien acotada, que descansa mucho en trabajos previos, que fue ampliamente discutida con todos los sectores. El diálogo es bueno y fecundo, en la medida en que no pierde el norte.

-¿Qué viabilidad política tiene reeditar el acuerdo tributario con la oposición en materia educacional?
-Ojalá eso pudiera ser. Lo que yo he escuchado de la derecha es mucha crítica, mucha frase que desinforma derechamente, como decir que se van a cerrar los colegios particulares subvencionados. De esa forma, no se genera un clima para sentarse a conversar. A los que quieren llegar a acuerdo en el Senado, como en la reforma tributaria, les quiero decir que fuimos capaces de hacerlo porque el clima que se generó fue positivo. Tú no puedes querer con una mano acuerdo y con la otra mano estar desinformando. Por eso es que primero quiero un acuerdo dentro de la Nueva Mayoría, de qué queremos, el universo de lo soñado y luego de eso conjuntamente decirle a la oposición súmate a esto, cuál es tu planteamiento, dónde se pueden hacer las mejoras, no me puedes tocar los intransables, hay líneas rojas que no se pueden cruzar, pero hay espacio para llegar a acuerdo en muchas cosas. Cuando el Gobierno planteó la indicación de los arrendamientos de los colegios, ¿echó para abajo lo medular del proyecto? No.

-En la sesión del martes, el diputado Gabriel Boric afirmó que el Gobierno había cedido a la presión de la DC.
-No voy a polemizar con ningún parlamentario… Lo importante es qué va a resultar en la tramitación por el Senado, y si puedo sumar a la derecha para un acuerdo en educación, bienvenida sea. Pero en materia educacional, cuesta sumarla a las reformas.

-Hubo ocho ministros presentes en la votación en la Cámara de Diputados, ¿por qué cree que no se pudo ordenar a la Nueva Mayoría?
-Podría haber uno u ocho ministros, pero a esas alturas ya estaba un poco jugada la suerte de lo que iba a ocurrir en una parte del proyecto. Por eso creo que esta es una responsabilidad compartida; insisto, en primera persona plural.

-¿Existe un déficit político del Gobierno?
-No, no es exclusivamente del Gobierno.

-¿Cree que la palabra lucro está satanizada?
-El concepto lucro está súper dañado. El lucro, la ganancia, mueve la economía. El lucro, la ganancia, la justa retribución, llámale como tú quieras, es un estímulo importante a la hora de generar innovación, de generar progreso. Otra cosa es cuando tú asocias al lucro con la ganancia excesiva o abusiva con la mala práctica.
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Hay preocupación que sufra modificaciones profundas

Lagos Weber y Walker apuntan a cocinar acuerdo con la derecha en el Senado para la reforma educacional

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A una redefinición del esquema universitario estatal

Víctor Pérez: “Una redefinición del esquema universitario estatal es un desafío pendiente para nuestras comunidades, por el bien del país y de la educación superior pública. Pero es algo delicado de hacer porque están en juego las identidades, autonomías e historias sufridas, y porque requiere generosidad y mirada país…”

El esquema universitario estatal fue impuesto por la dictadura en 1981, desmembrando por razones políticas, ideológicas y económicas a la Universidad de Chile y a la Universidad Técnica del Estado de sus sedes regionales y de algunas de sus unidades, a las que transformó en universidades, “academias” e institutos profesionales independientes; a esta última incluso le borró su nombre. Esto, sin un proyecto de desarrollo académica y económicamente sustentable, y sin una articulación entre ellas que les potenciara su quehacer a lo largo del país.

La puesta en práctica del nuevo trato para fortalecer las universidades estatales, incluido en el programa de la Presidenta Bachelet, es la oportunidad para que nuestras comunidades y el Estado cuestionen -ahora en democracia- el esquema impuesto, y redefinan los propósitos, estructura y financiamiento de un nuevo esquema universitario estatal. Uno que saque a estas universidades de los sin sentidos de la lógica del mercado, en que la colaboración -no la competencia ni el mercantilismo- sea la norma en el cumplimiento de su misión pública, y en que la excelencia, la preservación de los valores republicanos, y contribuir a resolver las “necesidades de Chile y su gente” sean su norte.

¿Tiene sentido que el Estado siga imponiendo a sus universidades un modelo de autofinanciamiento que las desnaturaliza en su misión y les impide constituirse como pilares del desarrollo nacional o regional? ¿O que universidades estatales instalen sedes en regiones ajenas a la suya, compitiendo en lo académico y financiero con universidades estatales allí establecidas? ¿O que no existan estándares explícitos de productividad y calidad académica y de eficiencia económica con los cuales las universidades estatales den cuenta a la ciudadanía de su quehacer? Y hay más interrogantes.

En Valparaíso, las dos universidades estatales (U. de Valparaíso y U. de Playa Ancha) juntas recibieron del Estado $5.500 millones como Aporte Fiscal Directo 2012 (AFD) y las dos universidades privadas tradicionales, la U.T.F. Santa María y la U. Católica de Valparaíso, recibieron juntas $19.000 millones como AFD 2012. ¿Tiene sentido que el Estado perjudique a sus propias universidades con los magros AFD que comparativamente les entrega, y que las haga competir entre sí y con privadas, a las que, para peor, favorece más? Si el Estado invitase a ambas comunidades a considerar una posible integración, igualándoles en $19.000 millones el AFD conjunto, ello podría dar origen a un robusto polo académico público de pre y posgrado y de investigación y cultura que beneficiaría a la V Región y al país.

Cuando la educación es el tema país por excelencia y se requiere que el Estado desarrolle proyectos educacionales públicos de envergadura, ¿tiene sentido seguir con la separación entre la Universidad de Chile y su ex Instituto Pedagógico, hoy Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE? El Estado podría invitar a sus comunidades a evaluar una posible integración considerando que, además de reparar un brutal daño histórico, la primera se fortalecería al incorporar una Facultad de Educación -que hoy incomprensiblemente no tiene- rica en tradición y academia, y respondería a la demanda que el país le ha venido formulando para hacer de la educación una centralidad en su quehacer; y la segunda se potenciaría con las disciplinas cultivadas por la primera, enriqueciendo la formación de profesores y la investigación en educación; y como resultado mejoraría la calidad de la educación pública.

Cuando la tecnología y la innovación son centrales para el desarrollo nacional, y cuando ambas instituciones estatales contribuyen al país en esos mismos ámbitos y en la misma ciudad, ¿tiene sentido invitar a las comunidades de la Universidad Tecnológica Metropolitana (Utem) y de la Universidad de Santiago a evaluar su posible integración?

Una redefinición del esquema universitario estatal es un desafío pendiente para nuestras comunidades, por el bien del país y de la educación superior pública. Pero es algo delicado de hacer porque están en juego las identidades, autonomías e historias sufridas, y porque requiere generosidad y mirada país, además de un fuerte aporte financiero del Estado para asegurar a estas universidades un mejor nivel de desarrollo. Sería absurdo pensar que los casos de integración vayan a ser considerados por estas comunidades, ni qué decir aceptados, si solo se busca integrar sus precariedades y problemas.
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Fondos públicos a las universidades

El Mercurio, Cartas, 26 de octubre de 2014

Señor Director:

El contralor general de la República ha realizado importantes declaraciones en relación con la rendición de los fondos públicos entregados a las universidades. Ha señalado que la rendición de cuentas y los estándares deben ser simétricos en el sistema universitario. Estos fondos se destinan al desarrollo de labores de docencia y formación de personas junto con importantes labores de investigación y creación de nuevo conocimiento. Es necesario valorar y felicitar a la autoridad, ya que este cambio y modernización van en el camino correcto.

Toda institución de educación que recibe fondos del Estado debe transparentar el uso y destino de estos, orientándolos a la generación de bienes públicos que aporten al desarrollo del país. Sin embargo, hay un importante trabajo previo que realizar. Desde hace años, al interior del Cruch, las universidades públicas no estatales (agrupadas en el G9) hemos insistido en que se eliminen las trabas administrativas y barreras burocráticas que afectan a las universidades estatales. De esta forma, se podrá implementar un nuevo sistema, más moderno y actualizado de fiscalización de recursos públicos, que incluya a todas las instituciones que reciban aportes del Estado. Creemos que es lo adecuado, justo, y que está acorde al desarrollo de nuestro sistema de educación superior.

Así, también, en relación con declaraciones de autoridades universitarias, es importante recalcar que en nuestro país se debe estimular la filantropía y donaciones de privados para el desarrollo de todas las universidades -es decir, estatales, tradicionales de función y vocación pública y privadas más nuevas- con la misma rigurosidad y transparencia al momento de rendir estas donaciones y aportes. Es importante poder presentar desde todas estas instituciones proyectos docentes y de investigación que sean innovadores, inclusivos y de alto impacto para atraer a ex alumnos, empresas y personas naturales que quieran aportar al desarrollo de nuestro sistema universitario. Esta es la manera de aportar desde la universidad al crecimiento integral de las personas y del país.

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Síndrome de Estocolmo en Educación

“El proyecto del Gobierno que pretende terminar con el lucro en la educación prohibiendo que sociedades comerciales administren colegios, que entrega al Ministerio de Educación la tarea de seleccionar los alumnos que pueden ser admitidos en un establecimiento particular subvencionado…”

Algunos están felices porque la Cámara de Diputados no aprobó que los dueños de los colegios particulares fueran a la cárcel por lucrar. Es una buena señal; esto se puede arreglar en el Senado, comentaron por ahí.

Así estamos en este país de la Nueva Mediocridad. Y luego algunos se extrañan, porque la economía no anda bien: cárcel para los que lucran. ¿Puede concebirse algo más insensato que la idea de meter a la cárcel a quien pretende ganar dinero? ¿Existirá una medida peor que esa para lograr que un país salga del estancamiento económico que estamos viviendo?

Claro, está bien que no se haya aprobado la delirante indicación de cárcel para los que lucran. ¡Pero no podemos conformarnos con eso!

El proyecto del Gobierno que pretende terminar con el lucro en la educación prohibiendo que sociedades comerciales administren colegios, que entrega al Ministerio de Educación la tarea de seleccionar los alumnos que pueden ser admitidos en un establecimiento particular subvencionado, y que prohíbe a los padres y apoderados de los niños que asisten a colegios con financiamiento compartido aportar dinero para mejorar la calidad de la educación de sus hijos provocará el colapso de la educación particular subvencionada en Chile, donde se educa la mayoría de nuestros niños.

Es un proyecto insanablemente malo.

No tiene arreglo, está equivocado en sus tres objetivos y además en los instrumentos que el Ejecutivo eligió para lograrlos.

¿Cómo podría arreglarse entonces en el Senado?

Creo que los políticos de la centroderecha y también los de la Nueva Mayoría que dicen que quieren que continúe existiendo educación particular subvencionada deben dejar de hacerse los lesos. No puede haber provisión privada de educación si se prohíbe que quienes invierten importantes sumas para impartirla puedan obtener una legítima retribución por ello. Lo demás es música, subsistirán algunas fundaciones ligadas a credos religiosos y nada más.

No se puede estar a favor de la educación privada y contra el lucro. Eso es falsedad ideológica.

No existirá libertad de educación si los padres no pueden elegir el colegio para sus hijos sino que deben someterse a un proceso en que una tómbola determinará el colegio en el que pueden matricularse de acuerdo a los parámetros fijados por el Estado.

No se puede estar a favor de las libertades de enseñanza y educación y contra la selección.

No habrá mejorías visibles y prontas en la calidad de la educación si se impide a los padres contribuir con su aporte en dinero a lograr más altos estándares en la enseñanza que reciben sus hijos.

No se puede estar a favor de mejorar la calidad de la educación y prohibir que fluyan más recursos a los colegios vía financiamiento compartido aportado por los padres.

¿Por qué entonces el Gobierno presenta un proyecto tan malo?

Porque su objetivo no es mejorar la calidad de la educación, que es lo que Chile necesita, sino satisfacer las demandas del movimiento estudiantil y sus consignas ideológicas de no al lucro, la selección y el financiamiento compartido. Y eso requiere, inevitablemente, terminar con la educación particular subvencionada. No está en el discurso oficial, pero sí en los exabruptos del ministro Eyzaguirre: la frase sobre quitarles los patines a los que van más rápido no admite equívocos.

Porque el objetivo general de este gobierno de la Nueva Mayoría es incrementar el poder del Estado y sus representantes (ellos) en desmedro de la voluntad soberana de los ciudadanos. Y para lograrlo no trepidarán en realizar sus reformas en educación, salud, tributaria, constitucional, laboral, siempre teniendo en la mira el aumento del poder del Gobierno. No importa lo que suceda con la economía, la educación, la salud o los empleos.

Por eso no podemos conformarnos con que los emprendedores de la educación no vayan presos. Es un logro demasiado modesto, solo explicable en quien está atrapado por el verdadero secuestro de nuestras voluntades que la Nueva Mayoría pretende consumar. Por eso debemos oponernos con fuerza a este proyecto.

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Reforma educacional al Senado

Por cierto, también hay emprendedores que no han logrado armonizar ambos objetivos. Son ellos los que deberían estar afectados por la reforma, no los de buenos desempeños. Que la política educacional no distinga entre sostenedores sienta un mal precedente, sobre todo porque es factible que sean los buenos los que terminen cerrando sus establecimientos con una mayor probabilidad…

El proyecto que pone fin al lucro, la selección y el copago ingresó en el Senado para ser visto en segundo trámite constitucional. Ha quedado la duda de si se repondrá la indicación parlamentaria que penalizaba eventualmente el lucro. Es un planteamiento que no tiene sentido y que, además, es de carácter secundario, toda vez que el debate central es si se va a permitir que sigan existiendo emprendedores en educación, como ocurre hace al menos un siglo, exigiéndoles, por cierto, buenos desempeños. Si ello no ocurre, es evidente que se va a cerrar un número importante de colegios de personas valiosas que pensaron que podían combinar apropiadamente, y que lo están haciendo, sus capacidades para ofrecer una educación de calidad y recibir una legítima compensación por ello.

Por cierto, también hay emprendedores que no han logrado armonizar ambos objetivos. Son ellos los que deberían estar afectados por la reforma, no los de buenos desempeños. Que la política educacional no distinga entre sostenedores sienta un mal precedente, sobre todo porque es factible que sean los buenos los que terminen cerrando sus establecimientos con una mayor probabilidad. Ellos parecen ser, en términos relativos, los más afectados. Por eso es tan equívoca la reflexión de la Presidenta Bachelet respecto de que aquellos que vean como indiferente instalar una carnicería o un colegio son los que van a cerrar. Hay una enorme incomprensión en esta frase. Los que cerrarán van a ser aquellos que han cumplido con las exigencias impuestas por el Estado y que han tenido buenos desempeños y sienten que su esfuerzo no es socialmente reconocido por un importante sector de la sociedad.

Parece razonable que el Senado revise cuidadosamente esta situación, como también los mecanismos que se han diseñado para asegurar que los sostenedores cuenten con la infraestructura apropiada. La idea de que no pueden arrendarla es poco eficiente y hace excesivamente costosa la transformación que se pretende. El proyecto olvida, además, que en el futuro, dadas las prohibiciones que contempla, la inversión en renovación de equipos e infraestructura va a tener que ser asumida, en la práctica, por el Estado y el proyecto no contempla los mecanismos para que este propósito se pueda satisfacer.

El término de las prácticas de admisión utilizadas por los liceos emblemáticos puede afectar uno de los pocos vehículos de movilidad social que, de acuerdo con la evidencia disponible, tiene la educación estatal. El Senado debe reflexionar sobre los eventuales costos de esta medida. Adicionalmente, no es evidente que el proyecto proteja adecuadamente la libertad de enseñanza. Una mirada comprehensiva de este valor supone no solo que se autorice la existencia de proyectos educativos diversos, sino también que estos tengan la oportunidad de asegurarse de un compromiso efectivo de sus estudiantes y las familias con la comunidad de valores que quieren promover. Finalmente, la regulación de la expulsión que contempla el proyecto puede ser muy dañina para el clima escolar, toda vez que le pone restricciones exageradas que no se observan en otras latitudes. No cabe duda de que en esta dimensión se requiere un debido proceso, pero al mismo tiempo debe existir la posibilidad, en casos extremos, de aplicar esta sanción de modo efectivo.

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Limitación al rol de la familia en la educación

Para hacer completamente igualitario el acceso a la educación, la reforma del gobierno coarta el papel de la familia en la formación de sus hijos.

La Tercera, Editorial, 26/10/2014 – 04:00

EL PROYECTO educacional del Ejecutivo aprobado en días pasados por la Cámara de Diputados ha puesto en marcha una profunda revisión del rol de las familias chilenas en la educación de sus hijos.

En la visión oficial no basta que la calidad de la educación a la que puedan acceder los sectores de menores ingresos sea muy buena, si los servicios educacionales se proveen según una “lógica de mercado” y no como un “derecho social”. En esta visión, el “mercado” hace posible que las ventajas adquiridas por las familias -económicas o culturales- se traduzcan en segmentación en el sistema educacional. Con selección, copago y fines de lucro, estarían dadas las condiciones para que la “oferta” de servicios educacionales se ajuste a la diversidad en cuanto a ingreso, capital cultural y social de las familias, y la traduzca en proyectos educativos “segmentados” que permitan a esas familias beneficiar a sus hijos a partir de sus propias ventajas, asegurándoles una educación mejor que la garantizada para los sectores de menores ingresos. El “mercado” en educación, así, contribuiría a perpetuar la desigualdad, al permitir que familias aventajadas pongan a sus hijos en ventaja frente al resto.

La educación como “derecho social”, entonces, no es sólo una garantía de acceso universal a una educación de determinada calidad, sino, esencialmente, una limitación a la segmentación, para asegurar que nadie puede acceder a mejor educación que la que ofrece el Estado, algo que se logra suprimiendo lucro, copago y selección. Por eso, cuando el gobierno comienza la reforma con un proyecto que elimina fines de lucro, copago y selección, busca limitar las posibilidades para que las familias puedan aportar -vía segmentación- elementos diferenciadores a favor de sus hijos. La mejoría de la calidad en educación vendrá, eventualmente, después, una vez “bajados de los patines” los hijos de familias en algún sentido aventajadas.

La reforma hacia la educación como un “derecho social” sólo comienza con el proyecto aprobado. Si el traspaso de ventajas familiares a los hijos comienza desde muy temprana edad, y no sólo se concreta en la capacidad de darles acceso a una mejor escuela, sino, incluso, en la convivencia diaria en la familia, el objetivo de constituir la educación en un “derecho social” amenaza con limitaciones muy severas al rol de la familia. Por ahora, como es inconsistente con el objetivo oficial declarado que la nueva educación pública coexista con educación privada pagada -que es una vía para que familias aventajadas sigan pudiendo beneficiar a sus hijos- se pretende cerrar esa vía de escape. La aprobación por la Cámara de Diputados de la prohibición de seleccionar alumnos en las escuelas privadas es un grave paso en ese sentido, pues ya no podrían ser controladas muchas de las características relevantes de una comunidad escolar capaz de facilitar el traspaso a los hijos de los conocimientos, valores y actitudes que son de interés de sus padres.

Se ha indicado que las limitaciones a la operación de escuelas privadas subvencionadas que establece el proyecto pueden tener efectos devastadores sobre la calidad de la educación en el corto plazo. Parece aun más relevante mirar sus alcances sociales en el largo plazo.

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SOS para la educación pública

“¿Cuán mal anda la educación pública? El Décimo Estudio Nacional de Drogas de Senda arroja datos decidores. Concentrémonos en los octavos básicos, el grupo más joven cubierto por el estudio (13 años). En los colegios municipales, ¿qué porcentaje de los alumnos reporta haber consumido al menos alguna vez marihuana?…”

“Un acceso igualitario a educación de calidad ayuda a configurar una sociedad con más oportunidades” (Programa de Gobierno). Nadie puede oponerse a tan noble principio, pero del dicho al hecho hay mucho trecho; y, para qué andamos con cosas, hasta ahora la reforma educacional de la Nueva Mayoría no ha cumplido con las expectativas.

Por eso, a siete meses del inicio de la actual administración, parece apropiado revisar algunas falencias de la reforma, que avanza en el Congreso. Primero, del debate ha quedado claro que el fin del financiamiento compartido y del lucro y el término de la selección no necesariamente implican mayor calidad (incluso para muchas familias puede significar todo lo contrario). Segundo, ninguna medida tendrá impacto mientras no se mejore sustancialmente la educación pública. Esto demandará más planificación, mejor diseño y, por cierto, mayores recursos, pero no existe atajo. En la última década, 500 mil alumnos dejaron el sector. Hay que terminar con el desangramiento, pero en forma inteligente.

¿Cuán mal anda la educación pública? El Décimo Estudio Nacional de Drogas de Senda arroja datos decidores. Concentrémonos en los octavos básicos, el grupo más joven cubierto por el estudio (13 años). En los colegios municipales, ¿qué porcentaje de los alumnos reporta haber consumido al menos alguna vez marihuana?: 21% (36% superior al de los particulares subvencionados); ¿cocaína?: 4,3% (casi el doble de los particulares subvencionados); ¿pasta base?: 3,8% (83% superior al de los particulares subvencionados).

Respecto del consumo de alcohol, si bien no existen diferencias por dependencia (¡un 60% reporta haber consumido!), estas sí aparecen en sus consecuencias: el 13% de los alumnos en el sistema público reporta haber tenido relaciones sexuales sin condón producto del alcohol (36% mayor al de los particulares subvencionados). En la disciplina y violencia, tampoco el sistema público se destaca. “Durante los últimos 12 meses en el colegio, ¿has estado en un grupo que ha sido atacado por otro grupo?” Un 16,2% reporta al menos un evento (22% superior al de los subvencionados).

Estas cifras explican el malestar que genera entre las familias, por ejemplo, la idea de una tómbola como mecanismo de selección. Por cierto, Chile no es Boston, y en el contexto actual, el premio de consuelo, el colegio público, es menos que reguleque. “Es que controlando por las características socioeconómicas de las familias desaparecen las diferencias”, explicarán algunos. De acuerdo, pero las familias no “controlan” sus características; simplemente las poseen. Nadie está dispuesto a que experimenten con los niños, y menos con los propios.

Las mayores oportunidades deben nacer de la educación pública. Para esta, estos siete meses de debate han sido como siete minutos, pero debajo del agua. Ojalá que le llegue un salvavidas pronto.