He seguido de cerca los casi dos años de debate sobre la nueva ley universitaria motivado por mi interés académico vinculado a un proyecto de investigación sobre educación superior e inclusión social que desarrollo actualmente. Luego de analizar la información acopiada, entrevistar estudiantes y comprender el debate —más apasionado que documentado— sobre la ley, me reafirmo en la necesidad de tener una nueva plataforma legal que privilegie la regulación de la calidad de la universidad peruana. Y es que la realidad salta a la vista. El mercado no logró regular la calidad —particularmente de la oferta privada— y el Estado descuidó la universidad pública. El resultado de esto fue que el sistema universitario peruano quedó herido de muerte.

El diagnóstico breve
Como en muchos de los países latinoamericanos, el Perú inició un proceso de expansión de la educación superior universitaria durante la década de los años ochenta. Sin embargo, no es sino a partir del año 2000 que el crecimiento de la matrícula universitaria despegó.

Este explosivo crecimiento de la matrícula universitaria no fue un asunto fortuito. Fue una decisión del Estado peruano que en 1996 decidió liberalizar el mercado educativo, permitiendo el lucro en las universidades para atraer de esta manera a la inversión privada en el servicio educativo.

Fueron tres las hipótesis de cambio que estuvieron detrás de esta decisión. La primera fue que con la participación privada se conseguiría ampliar la oferta y la cobertura universitaria. La segunda fue que, como consecuencia de la primera, el acceso a los estudios superiores se democratizaría; es decir, más jóvenes de todos los estratos económicos estudiarían en la universidad. Finalmente, se supuso que el mercado sería un regulador efectivo de la calidad de este servicio ampliado y democratizado.

Tal como se aprecia en el gráfico anterior, la primera hipótesis se cumplió. La liberalización del servicio educativo permitió el crecimiento de la matrícula universitaria. Este crecimiento es atribuible a la matrícula privada que pasó de representar el 28% del total de la matrícula universitaria, a ser el 40% en el año 2000 y 63% en el año 2012.

La segunda hipótesis referida a la democratización del acceso no se cumplió. En el siguiente gráfico es posible notar que la universidad sigue siendo un proyecto posible para los jóvenes que pertenecen a los quintiles de mayores ingresos en el país. Mientras que entre los más pobres (Q1 y Q2) la cobertura alcanza el 10%, en el quintil 5 la matrícula es de 45%.

Finalmente, la tercera hipótesis tampoco pudo lograrse. El crecimiento de la oferta de instituciones creció sin mayor regulación de la calidad. Nuestras universidades no solo no aparecen en ningún ranking mundial o regional, sino que el volumen de investigación es incipiente y el nivel académico de los docentes es básico. Como si fuera poco, la empleabilidad de los jóvenes es baja y tal como lo menciona Juan Francisco Castro y Gustavo Yamada , entre el 2004 y el 2010 hubo un incremento de hasta 6 puntos porcentuales de subempleo profesional (de 29% a 35%).

En resumen, la ampliación del acceso no llegó a todos y tampoco llegó con calidad. La conservadora fórmula (ya utilizada en la educación básica) de asegurar la ampliación de la cobertura para luego buscar calidad no funciona. Ampliación de cobertura sin calidad no tiene sentido, castiga a los más pobres y no cumple con la movilidad y mejora que la educación promete. Una persona formada en una institución de mala calidad solo contribuirá a incrementar las tasas de subempleo profesional o, peor aún, la informalidad en el país.

No existe país que logre sostener el desarrollo solo con educación universitaria. Los institutos técnicos y tecnológicos son piezas fundamentales en la mejora y consolidación del sistema de educación superior

Las apuestas de la ley
La ley universitaria 30220 fue promulgada el 8 de julio de 2014 con el propósito de atender la crisis universitaria. Considero que la atención a esta crisis está centrada en tres ejes principales incluidos en la ley, que pueden ser considerados bases para una reforma.

La primera es que el Estado asume la rectoría de las políticas educativas en todos los niveles educativos. Esto resulta fundamental pues el desarrollo del país requiere de una alineación de las políticas educativas. Un proyecto educativo de la nación es aquel que no solo ofrece orientaciones claras hacia donde se quiere ir, sino que también busca los mecanismos que permitan articular, según las necesidades, todo el sistema educativo. Esto ha sido equivocadamente entendido como una intromisión del Estado, un quiebre de la autonomía universitaria. No lo es. La rectoría en políticas educativa supone liderazgo en la conducción del sistema educativo y no “decirle que tiene que enseñar las universidades”.

El segundo ejes es que se instala un mecanismo de regulación de la calidad que junto con la reestructura de aquellos otros existentes debieran sentar las bases para que familias y estudiantes tengan la garantía pública de que el servicio que se ofrece, sin importar sus características particulares tiene un mínimo común de calidad. La Ley formula la regulación de la calidad a través de la creación de la SUNEDU. Instancia autónoma, responsable del primer escalón de un sistema de aseguramiento de la calidad; es decir, de autorizar el funcionamiento de programas e instituciones basado en estándares de calidad y no, como lo ha sido hasta ahora, basado en la presentación de documentación. La ley también exige la reorganización del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), con la finalidad de ajustar los procesos de acreditación para que contribuya efectivamente con el aseguramiento de la calidad.

El tercer eje central es que la ley se reafirma en que la universidad es un espacio de construcción de conocimiento basado en la investigación y la formación integral. Las finalidades, la estructura y organización, las formas de graduación, las características del cuerpo docente, la obligatoriedad por los estudios generales, etc. indican que la reflexión académica es el centro articulador de la vida universitaria. No obstante, sincera una práctica común. Reconoce la existencia de programas no académicos orientados a la profesionalización como una opción universitaria. Y aun, cuando a diferencia de otros países, no se ha atrevido a denominar directamente “universidades de enseñanza”, la ley no limita en lo absoluto su existencia.

El futuro para una reforma de la educación superior
La crisis de la universidad peruana, profunda y antigua, no será resuelta con esta ley. Sería irresponsable afirmar lo contrario. Junto con la vigencia plena y responsable de esta ley se requiere poner en marchar otros cambios.

El país requiere, por ejemplo, tener normas que reconozcan y ordenen un sistema de educación superior que integre la educación universitaria y la técnica. Esto debiera suponer permitir un traslado fluido entre los dos sistemas para fortalecer la formación de los estudiantes de la educación superior. Una salida posible es modificar los exiguos artículos dedicados a la educación superior consignados en la ley general de educación por nuevas disposiciones que se orienten hacia la idea de un sistema integrado de educación superior. Junto con ello, un cambio en la arquitectura institucional del Ministerio de Educación parece ineludible.

En esta línea, el país necesita fortalecer el sistema de educación superior técnica y tecnológica. No existe país que logre sostener el desarrollo solo con educación universitaria. Los institutos técnicos y tecnológicos son piezas fundamentales en la mejora y consolidación del sistema de educación superior. Se necesita nuevos dispositivos legales que apunte hacia ese objetivo, pero que también contribuyan a desaparecer la falsa idea de que la educación técnica es un paso preliminar a la universitaria y, peor aún, que se trata de una opción de menor calidad.

Finalmente, se requiere contar con información disponible que sirva de insumos para decisiones para las familias y los estudiantes, pero también para que las propias instituciones educativas puedan estar “mirándose” permanentemente.

Son tiempos de cambio y depende de todos que sean tiempos de buenos cambios. No es ni ético, ni estratégico para nuestro país que sigamos permitiendo que haya miles de jóvenes que corran el enorme riesgo que supone pasar por una universidad sin que esto signifique una mejora en sus vidas, ni en la de nuestro país.